Entidades agrupadas en ACHEA afirman que las medidas de control dispuestas por la policía y el gobierno son “ilegales y arbitrarias”. “Por muchos años algunas empresas del sistema de alarmas han prestado un servicio deficitario, al borde de la ilegalidad”, responden desde Carabineros

A cinco meses de que el Gobierno y Carabineros anunciaran profundos cambios para regular el mercado de las empresas de alarmas, y en especial la sobrecarga de llamados falsos que recibe la policía, el tema llegó hasta la Corte Suprema.

Ello, porque la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas (ACHEA) -que agrupa a las ocho principales firmas, como ADT, Prosegur, Patroll y Alarmatic- interpuso en noviembre pasado ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el director de Seguridad Privada y Control de Armas de Carabineros, general Christian Fuenzalida.

El objetivo era impedir la resolución que, entre otras cosas, considera el pago de una multa de 0,5 UF ($ 12 mil) por cada falsa alarma, que y las obliga a conectarse directamente a una nueva plataforma de emergencia (“Alpha III”), de la Central de Comunicaciones de Carabineros, Cenco, para verificar las activaciones y recibir la respuesta policial. ACHEA alegó en aquella ocasión que las medidas eran “ilegales y arbitrarias”.

En diciembre, Carabineros respondió al tribunal de alzada capitalino, que pidió un informe sobre los hechos. En su respuesta, afirmó que las medidas se adoptaron por una “importante distracción de recursos públicos, por cuanto los llamados efectuados por estas empresas de seguridad en general se abstienen de verificar la ocurrencia de los hechos, y solamente canalizan la alerta a Cenco, para que sea personal institucional el que en la práctica concurra a los domicilios”. La policía recordó que normalmente recibía unos 700 llamados diarios de las empresas, de los cuales el 99% resultaban ser falsas alarmas, lo que incide en un gigantesco desperdicio de horas/hombre.

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso en marzo, por dos votos contra uno, y por ello las empresas apelaron ante el máximo tribunal.

Nuevo sistema ya partió

Aunque la disputa judicial sigue abierta, el 1 de abril Carabineros puso en marcha el nuevo software “Alpha III”, que permite dejar registro tanto del requerimiento de la empresa como de la respuesta de la policía.

Este sistema obliga a las empresas a verificar en terreno las alarmas antes de avisar a Carabineros (deben entregar antecedentes concretos sobre lo que está ocurriendo en el lugar de activación) y ya logró reducir los procedimientos policiales a menos de la mitad en una semana.

Ante el inminente fallo de la Corte Suprema, desde la policía insistieron en que adoptarán “todas las acciones que sean pertinentes para asegurar que no se dilate la aplicación de la medida, ni se eluda su cumplimiento”.

Además, pondrán los antecedentes “en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica, para que sea esta instancia la que revise el comportamiento grupal de estas empresas, y especialmente de aquellas que tienen una posición dominante del mercado”.

“Por muchos años algunas empresas del sistema de alarmas han prestado un servicio deficitario, al borde de la ilegalidad”, señalaron, indicando que “tenemos la tranquilidad que les estamos exigiendo algo que las empresas de alarmas no pueden ignorar. Les corresponde prestar un buen servicio a la comunidad”.